Denuncia diputado Rubén Ríos a Alcalde de Orizaba; por usurpación de funciones

Denuncia diputado Rubén Ríos a Alcalde de Orizaba; por usurpación de funciones

• Prohibir la colocación de propaganda política o electoral no es una atribución de la autoridad municipal, sino de la Legislatura Federal.

El diputado local Rubén Ríos Uribe interpuso ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado una denuncia en contra del presidente Municipal de Orizaba, Igor Fidel Rojí López, así como el Secretario de ese Ayuntamiento, Alfredo Hernández Ávila y a los integrantes del Cabildo, por el delito de usurpación de funciones públicas o de profesión.

Lo anterior, indicó en entrevista el legislador cordobés, responde al consentimiento del Cabildo de prohibir la colocación e instalación de propaganda política o electoral de manera física, ya sea pintada o adherida, así como la instalación de pendones y mamparas fijas o móviles, en cualquier espacio público en el territorio orizabeño.

El diputado por Morena explicó que corresponde exclusivamente a los legisladores federales tomar las decisiones en materia electoral, por lo que lo aprobado el día de ayer por el Cabildo de Orizaba viola las atribuciones establecidas en el artículo 115 de la Constitución Federal, referente a las facultades para los ediles, “están tomando acuerdos que afectan la vida electoral, pero sobre todo la libre expresión de las y los veracruzanos”, enfatizó.

Por su parte la asesora jurídica Aridaí Ramírez Angoa, dijo que las acciones efectuadas por las autoridades municipales de Orizaba actualizan el delito de usurpación de funciones, establecido en artículo 258, Fracción I del Código Penal para el Estado de Veracruz, por lo que en caso de que el Ministerio Público determine que existe responsabilidad penal, derivaría un juicio de Declaración de Procedencia el cual se presentaría ante el Congreso del Estado de Veracruz.

Estas acciones, -agregó Ríos Uribe- son un atentado contra la libertad de expresión, toda vez que los ciudadanos tienen el derecho constitucional de expresar en sus propiedades lo que ellos crean conveniente, siempre y cuando no afecte a intereses de terceros, “tomar estas atribuciones e ir en contra del Código Penal y de la Libertad de Expresión, representa un retroceso histórico”, finalizó.

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