Diputados locales de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de la 65 legislatura presentaron una iniciativa que busca incluir en la Constitución local la figura de la revocación de mandato, por la que los ciudadanos podrían remover de su cargo al gobernador o gobernadora en turno.

La propuesta establece que la consulta para poder revocar el mandato del gobernante en turno se tendría que iniciar un mes antes del tercer año de ejercicio constitucional, con lo que prácticamente se blinda al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Al ser una reforma constitucional se requieren de dos periodos ordinarios para votarla, y la 65 legislatura está en su último año, por lo que no les dará tiempo de votarla en dos periodos consecutivos.

La propuesta establece que este proceso podrá realizarse en una sola ocasión durante cada periodo constitucional. Además, se indica que al igual que en la elección, el caso de revocación de mandato del titular del Ejecutivo se realizará bajo el principio de mayoría relativa, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

“Él o la titular del Ejecutivo estatal durará en su cargo seis años, con excepción del caso en que sea declarada procedente la revocación de mandato”, señala el documento turnado a comisiones.

La promoción de la revocación de mandato se iniciará un mes antes a la conclusión del tercer año de ejercicio constitucional; y se tendrá que reunir la firma del 10 por ciento de los veracruzanos (poco menos de seiscientas mil personas) de al menos 107 municipios.

En el caso del gobernador Cuitláhuac García Jiménez cumplirá tres años de mandato el primero de diciembre, por lo que no se le aplicaría la reforma debido a que el segundo periodo ordinario iniciaría el cinco de noviembre.

Respecto del trámite a la solicitud de consulta popular para revocar el mandato, en los siguientes tres meses se podrá presentar al Organismo Público Local Electoral (OPLE) la petición con las firmas de respaldo, y se expedirá de inmediato la convocatoria respectiva.  Para dichas actividades no podrán destinarse recursos públicos.

Una vez que la convocatoria se expida, el proceso será difundido, organizado y desarrollado de forma exclusiva por el OPLE mediante votación libre, secreta, directa, personal e intransferible de las y los ciudadanos. Y sólo en ese caso se tendrá que asignar un presupuesto para la organización de la consulta. 

El resultado será vinculante si en el proceso sufraga al menos 40 por ciento del padrón electoral (más de dos millones 300 mil veracruzanos) y si la votación aprobatoria es de mayoría absoluta, para lo cual el Organismo realizará el cómputo y emitirá el resultado respectivo.

Desde la expedición de la convocatoria y hasta la conclusión de la respectiva jornada electoral, especifica la iniciativa, quedará suspendida la difusión de propaganda institucional de todo ente estatal o municipal, con excepción de servicios educativos, salud y protección civil, previa validación del OPLE.

El Tribunal Electoral del Estado conocerá y resolverá los medios de impugnación correspondientes en términos constitucionales y de la legislación electoral. 

En caso de subsistir el resultado de mayoría absoluta, emitirá la declaratoria de procedencia de revocación de mandato, la cual ordenará publicar el mismo día en la Gaceta Oficial del Estado, notificando de forma inmediata al Congreso del Estado.

La propuesta de Morena es la tercera a la que se le da entrada en la actual Cámara, la primera la presentó el senador Julen Rementería del Puerto y la segunda Héctor Yunes Landa, con la intención de igualar la ley local con la federal.

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