Xalapa, Ver. – La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP) es acusada de negar una licencia sin goce de sueldo a una de sus empleadas: Sabina Martínez Pinto, candidata de la coalición México Va a la diputación federal de Zongolica.

La Subsecretaría de Planeación y Participación Ciudadana de la SSP, a cargo de Sarahí Peña Galaviz, ha negado en dos ocasiones el permiso temporal a Martínez Pinto, con el argumento de que es necesario disponer de todo personal con funciones esenciales para la atención de la contingencia sanitaria.

Sin embargo, la también activista -comenta- no realiza ninguna labor sustantiva desde el 2019, cuando la actual administración le retiró todas las actividades y la confinó a una oficina en la que debe pasar ocho horas de lunes a viernes. Ella se ocupaba de capacitar a funcionarios sobre el respeto a los derechos humanos.

El 25 de marzo vence el plazo para que Sabina Martínez Pinto pueda obtener el permiso para competir en la elección del seis de junio. Es por lo anterior, que considera que funcionarios de la SSP incurren en violencia política de género al negarle el derecho de votar y ser votada.

Veracruz, Campeche y Quintana Roo se disputan el primer lugar en violencia política de género, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) creó el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género (RNPS) en donde se inscribe a funcionarios y actores políticos y públicos que violentan a las mujeres.

La historia que busca frenar una candidatura

Sabina Martínez es conocida como promotora de los derechos de las mujeres, lo que le permitió obtener una invitación para representar al PRD en el Congreso Federal. También forma parte de la estructura de gobierno, por lo que debe pedir licencia a su cargo, para participar en la elección federal.

El 22 de enero presentó su primer oficio solicitando ausentarse por seis meses, sin goce de sueldo, a partir del 15 de febrero. La dependencia tenía un plazo de 15 días para responder la petición que entregó a la subsecretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Sarahí Peña Galaviz.

Al no recibir respuesta presentó un oficio de alcance el 19 de febrero, en el que pedía una contestación, pues había fenecido el plazo para obtener una respuesta oficial, incluso, el periodo de inicio del permiso. 

“Para esto se dio a conocer mi registro de candidatura el domingo 31 de enero, se aprobó en Consejo Nacional mi postulación, en ese momento se hace público el tema”, contó a E-Consulta Veracruz.

Su segundo escrito no fue atendido por su jefa inmediata, por lo que solicitó una audiencia con el titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, pero no logró la entrevista con el argumento que la agenda del funcionario estaba saturada, “no se pudo o no se quiso por sus ocupaciones”.

Al agotar el diálogo, como una opción para garantizar su permiso, optó por presentar un Proceso Especial Sancionador ante el Instituto Nacional Electoral (INE) con la intención de que se determinara si la negativa se configuraba comoviolencia política de género. El recurso lo presentó el cinco de marzo.

Ese mismo día, le notificaron que no se autorizaba su permiso por la pandemia, pues la Secretaría de Seguridad Pública requiere del personal que cumple funciones sustantivas. Y contrario a la mayor parte del personal, que trabajan desde su casa, se le pidió presentarse en horario laboral en las oficinas de la dependencia de lunes a viernes.

“Estoy convencida de que el negarme el permiso tiene que ver con un asunto político, por militar en un partido que no está hoy en el gobierno”, comenta.

Al recurrir al INE, donde presentó un Proceso Especial Sancionador (PES) por violencia política de género, la autoridad electoral pidió a la Contraloría General del Estado (CGE) iniciar una investigación del caso y reportar el avance de la indagatoria. 

A más de dos semanas de la instrucción, la CGE no ha dado respuesta a la autoridad electoral, confirmó Sabina Martínez al consultar al árbitro de la contienda sobre el avance de su queja.

La funcionaria de la SSP presentó una segunda licencia, en la que integró la constancia de registro como candidata. La respuesta de la autoridad fue la misma, no se le autorizaba por la pandemia del virus SARS CoV-2.

Además, acudió ante el Tribunal de Justicia Administrativa en Veracruz (TEJAV) con la intensión de que se revise el incumplimiento de la autoridad al negarle la licencia a pesar de tener 17 años de laborar en gobierno del estado.

Los empleados de la SSP tienen derecho a licencias sin goce de sueldo al segundo año de laborar en la estructura de gobierno, los periodos van desde 30 hasta 120 días, según los años trabajados, establece la Ley del Servicio Civil de Veracruz en su artículo 91.

En el caso del artículo 94, dice que el trabajador de base que sea promovido a un puesto de confianza tendrá derecho a que se le otorgue licencia sin sueldo en su plaza por el tiempo que desempeñe ese cargo.

Sabina acusa hostigamiento de funcionarios de Morena 

Sabina tiene 17 años de laborar en la dependencia estatal; considera que las condiciones laborales en las que se desempeña podrían configurar discriminación, hostigamiento laboral y el delito de violencia política de género.

A la llegada de Morena le quitaron todas las funciones sustantivas. Su trabajo se limitó a presentarse en una oficina que comparte con otros tres compañeros a las que también“congelaron” de sus actividades, por lo que considera que la respuesta de la autoridad se motiva por una situación política y no por la pandemia.

En el pasado, buscó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez quien le pidió un escrito para detallar que pasaba al interior de la SSP, pero no solucionó el problema.

En Veracruz la violencia política de género es delito 

La violencia política de género se define como la acción y omisión que cause daño físico, psicológico, sexual, económico o de otra índole que afecte el cargo público de cualquier mujer.

El 30 de enero del 2018, cuando era mayoría el PAN, diputados locales agregaron el artículo 367 Ter al Código Penal que lo tipifica como delito. Se determinó sancionar con dos y hasta seis años de prisión y una de hasta quince mil pesos, a quien realice o busque causar daño a las mujeres con el fin de restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales.

Meses antes, en julio del 2017, el Congreso del estadoaprobó incluir en el Código Electoral una fracción sobre violencia política en razón de género; al actualizarlo en junio del 2020, se determinó la posibilidad de negar la candidatura contra quien incurra en violencia política, y se creó el RNPS.

Alcaldes y dueños de medios inhabilitados por violencia de género

En la actualidad hay cuatro actores políticos que no podrán ser postulados a un cargo de elección o representación popular hasta el año 2027.

En la lista aparecen los alcaldes: Ernesto Ruiz Flandes de Altotonga; Javier Castillo viveros de Alto Lucero; Lázaro Avendaño Parrilla de Chinampa de Gorostiza; y el comunicador José Lorrimer Nelson Álvarez Peña.

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