Ocho militares son acusados por presuntos vínculos con el crimen organizado y su participación en la desaparición de los 43 normalistas.

La juez segunda de distrito en amparo y procesos penales federales, con sede en Toluca, Estado de México, ha emitido una decisión trascendental al dictar formal prisión por delincuencia organizada contra los ocho militares acusados por presuntos vínculos con integrantes del cártel Guerreros Unidos y su participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

La determinación de la jueza Raquel Duarte Cedillo se fundamenta en la consideración de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas sustanciales que respaldan la conexión de los militares con miembros del crimen organizado.

En días recientes, la FGR emitió nuevas órdenes de aprehensión contra los implicados: Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.

Tres de los acusados fueron detenidos, mientras que los otros cinco se entregaron voluntariamente a las autoridades judiciales el 1 de febrero, tras la revelación de las órdenes de captura.

Estos militares, anteriormente en libertad gracias a un juicio de amparo, ahora enfrentan la imputación por delincuencia organizada.

Es importante resaltar que los ocho militares, que estuvieron detenidos desde junio del año pasado en el Campo Militar 1-A de la Ciudad de México y fueron liberados condicionalmente en enero, han sido nuevamente internados en la prisión castrense.

La nueva imputación de delincuencia organizada representa un cambio significativo en el caso, que anteriormente se centraba en el delito de desaparición forzada.

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