La reducción de la jornada laboral en México podría representar un riesgo para la estabilidad de miles de empresas si se aplica de forma generalizada y sin medidas complementarias que fortalezcan a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).
Así lo alertó Juan Manuel Vega López, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Orizaba.
Explicó que el pasado 21 de mayo se llevó a cabo una reunión nacional de Consejo junto con la Concanaco y ahí se advirtió que actualmente, el 55 por ciento de la población ocupada en México trabaja en la informalidad, una situación que podría agravarse si la reforma laboral se implementa sin atender la diversidad de sectores y tamaños de empresas.
El sector terciario —comercio, servicios y turismo—, representado por Concanaco genera 65 de cada 100 empleos formales en el país, mientras que la industria manufacturera agrupada en la Canacintra representa el 5 por ciento del empleo formal nacional, a través del 29 por ciento del empleo dentro de su propio sector.
Reducir la jornada laboral es una meta loable, pero si se hace de forma precipitada y sin tomar en cuenta la capacidad operativa de los negocios familiares, podría empujar a muchas empresas a la informalidad o incluso al cierre», señaló Vega López.
Indicó que de acuerdo con una encuesta aplicada por la Concanaco en todo el país entre miles de empresas sobre este tema, 64 por ciento considera inviable una reducción inmediata sin afectar su operación; 71.1 por ciento prevé un aumento en sus costos operativos, incluso si la medida se aplica de forma paulatina.
Asimismo, 58.8 por ciento tendría dificultades para cubrir turnos o mantener el mismo nivel de servicio.
Las principales inquietudes, abundó, se centran en el aumento de los costos laborales, afectación en la atención al cliente y una posible pérdida de empleos.
Agregó que en dicha reunión, ambas confederaciones propusieron una implementación responsable de la reforma, basada en tres ejes:
Gradualidad sectorial hacia 2030, con criterios definidos según el sector, tamaño de empresa y ubicación geográfica; incentivos a la formalidad, como apoyo financiero, fiscal, tecnológico y administrativo para que las empresas familiares puedan regularizarse, y creación de un Observatorio de Transición Laboral, con participación tripartita (gobierno, empresas y trabajadores) para monitorear los efectos de la reforma y realizar ajustes con base en evidencia.
«No buscamos frenar el cambio, sino que el cambio funcione. Queremos una reforma laboral que fortalezca el empleo, la productividad y la competitividad», enfatizó Vega López.
Recordó que la Concanaco integra 238 Cámaras en mil 857 municipios y representa a 5.2 millones de negocios, los cuales generan 60.2 por ciento del PIB del país.
Agregó que el sector terciario emplea a 38.8 millones de personas y aporta el 63.7 por ciento de los ingresos tributarios del SAT y el 77.8 por ciento del Valor Agregado.
En cuanto a la Canacintra, puntualizó que agrupa a 80 mil industriales en 76 delegaciones.
«Aporta el 24 por ciento del empleo formal en la industria manufacturera y cuenta con presencia en 30 entidades federativas», resaltó.
El vicepresidente de la Canacintra en Orizaba remarcó que ambas organizaciones están dispuestas a colaborar con el gobierno y el Congreso en el diseño de una reforma laboral realista, inclusiva y alineada con el Plan México, que busca promover empleos dignos pero también sostenibles.
«No hay desarrollo nacional sin negocios fuertes en cada comunidad», resaltó.
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