Un juez de control en Pacho Viejo legalizó la detención de Florencio «N», juez detenido el jueves por el presunto delito de cohecho, confirmó la Fiscalía General del Estado.
En un comunicado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que se le realizó la imputación como presunto responsable del delito de cohecho. El juez dictó como medida cautelar la prisión preventiva justificada por el término de dos años en el proceso penal 116/2023, según informó la Fiscalía.
Detención
Apenas el jueves 23 de marzo, elementos de la Fiscalía General del Estado detuvieron a Florencio «N» afuera de las oficinas del Poder Judicial en Xalapa por presuntos actos de corrupción. Los elementos abordaron al juez cuando estaba en el acceso de Lázaro Cárdenas, donde le informaron que tenía una orden de aprehensión.
Según información recabada, el juez habría recibido dinero en efectivo para dejar en libertad a personas en el Distrito Judicial de Coatzacoalcos.
Florencio «N» fue trasladado a los juzgados de Pacho Viejo en Coatepec para su audiencia de control de la detención. Se informó que el juez es señalado de recibir dinero por dejar en libertad a una veintena de presuntos implicados en delitos.
El Artículo 322 del Código Penal del Estado establece que comete el delito de cohecho el servidor público que solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.
El Código establece penas desde cinco hasta los 15 años de prisión y multas de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización, dependiendo de la forma en que fue perpetrado el delito.
En noviembre de 2020, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez exhibió al juez de Control y de Juicio Oral Florencio «N», señalando que había recibido distintas quejas.
García Jiménez detalló que solicitó al Poder Judicial de Veracruz revisar minuciosamente los diversos procesos que, al aplicar las medidas cautelares, son causa de que liberen a los presuntos delincuentes de delitos graves.
Además, familiares de detenidos y sentenciados han acusado que el juez ha accedido a condenar a personas con testigos falsos o inexistentes.
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