Para el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) el proceso que la Fiscalía General abrió en contra de la jueza Angélica «N» carece de elementos probatorios para mantenerla con prisión preventiva.

Al respecto, la titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Jaqueline Sáenz Andujo, afirmó que el proceso penal 297/2023 no tiene pruebas suficientes.

«La orden se libera alrededor de las dos y media de la mañana y a las siete y media de la mañana ya se está ejecutando. Esto nos habla de una carpeta de investigación que se armó en pocos días y además con muy poco sustento por lo que hemos podido tener de información y que además preocupa (…), hay toda una serie de eventos no investigados, gravísimos de feminicidios, de desapariciones, de muchos delitos más y digamos todas las fuerzas institucionales están dedicadas a perseguir a la jueza de la manera más expedita posible», criticó.

En entrevista con La Saga de Adela Micha, la funcionaria mencionó que la jueza sí tenía un amparo que impedía su aprehensión, lo que fue pasado por alto el pasado viernes por los elementos que la privaron de la libertad en la Ciudad de México.

«Antes de ejecutar la orden de aprehensión va el Ministerio Público y solicita al juez una orden de aprehensión señalando que no han localizado en su domicilio a la jueza, señalando que no acudió a comparecer a una citación que tuvo el 12 de junio y refiriendo que además sabían que estaba en la Ciudad de México, básicamente lo que aduce el Ministerio Público es que hay un riesgo de fuga», detalló.

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