Después de que los locatarios del Mercado Solidaridad de Minatitlán, no estuvieron de acuerdo con la obra de remodelación que haría la SEDATU, por no convenir a sus intereses y no darles el gobierno las garantías necesarias que la construcción respetaría los metros cuadrados que cada uno tiene en sus locales, como represalia algunos de ellos fueron denunciados por funcionarios del Ayuntamiento quienes incumplieron los acuerdos de retirar las querellas.
La razón asiste a los comerciantes quienes son legítimos dueños del predio y su máxima preocupación era la calidad de materiales que le meterían a la obra debido a que muchos cuentan con edificaciones muy bien hechas. El proyecto en ese tiempo se anunció que costaría 145 millones de pesos y fue gestionado en la administración del exalcalde Nicolás Reyes, este gobierno le da seguimiento y presenta el esquema de como quedarían los espacios y fue ahí donde los comerciantes no estuvieron de acuerdo con la imposición que pretendían hacer en su terreno.
Entre dimes y diretes, los locatarios fueron amedrentados y como último recurso pretendieron los funcionarios del Ayuntamiento sobornarlos para que aprobaran el proyecto, como prueba de sus dichos existen videos, fotografías que demuestran como llegaban las autoridades a exigirles que se salieran para empezar la obra, sin tomar en cuenta que ellos como dueños no estaban de acuerdo con la construcción y mucho menos que cuando retornaran a ocupar sus locales tuvieran que pagar una cuota y después mensualmente les cobrarían a manera de renta sus espacios que tienen años que compraron las tierras al ejido, para obligarlos a que accedieran les cortaron el servicio de recolección de basura y quisieron cortarles el suministro de agua, cosa que al cancelar SEDATU el proyecto se los volvieron a restaurar.
En marzo de 2022 los funcionarios del Ayuntamiento de Minatitlán, José Luis Pérez García y Víctor Manuel González Sheridan, interpusieron una denuncia por supuestas amenazas recibidas por parte de algunos comerciantes del Mercado Solidaridad en la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de Iván Andrés Martínez Martínez, Alma Rosa Torres Martínez, Esbeidy Hernández Jiménez, Noemí Martínez Sánchez y Olga Lidia Martínez Martínez, con la carpeta de investigación 58/2022; mismo que niega tales agresiones y como pruebas de sus dichos tienen las pruebas antes mencionadas que lo confirman.
Estos trabajadores del municipio José Luis Pérez García y Víctor Manuel González Sheridan, este último hermano de la ex diputada Miriam Judith González Sheridan (July Sheridan) dicen que es gente de todas las confianzas en esta administración. Este acto de denunciar a los locatarios se hizo de manera arbitraria, con alevosía y ventaja con el único fin de amedrentarlos para que aceptaran la obra del proyecto de remodelación, el cual hasta la fecha está cancelado.
El 17 de marzo en una reunión con Irving Mauricio Villa, director de Operaciones y Seguimiento de Programas, Guadalupe Hernández, Gestor Social, Beatriz Pérez y denunciados, se tomó el acuerdo que funcionarios y municipios quitarían la querella en su contra, pero el día 14 de febrero de este año, resulta que les llegó individualmente un citatorio para que se presenten a la Fiscalía donde serán interrogados por las supuestas amenazas que recibieron estos funcionarios; por lo que piden a la alcaldesa que pare este conflicto innecesario y que se respete el acuerdo que se tomó que no habría represalias en su contra porque no existió agresión, ni amenazas, por parte de los locatarios hacia sus trabajadores del ayuntamiento José Luis Pérez García y Víctor Manuel González Sheridan.
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